Con la vicepresidenta demócrata en campaña por la Casa Blanca, Trump se vio obligado a esgrimir nuevos argumentos.El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia por 100 millones de dólares, alegando que la redada realizada en agosto de 2022 en su residencia de Mar-a-Lago fue inconstitucional y tenía como objetivo dañar su reputación. La redada, llevada a cabo por el FBI, tenía como propósito confiscar documentos clasificados que Trump presuntamente retuvo indebidamente después de su mandato.
La demanda, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en inglés), acusa al gobierno de Estados Unidos de "persecución política" contra Trump, quien fue investigado y acusado de retención ilegal de documentos confidenciales. Trump, quien actualmente es candidato republicano a la presidencia, sostiene que las acciones del Departamento de Justicia y el FBI fueron un abuso de poder y violaron sus derechos constitucionales.
Decisiones Judiciales y Apelaciones
El caso ya fue desestimado el pasado 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, quien fue nominada por Trump durante su presidencia. La jueza argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, lo que, según ella, viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La desestimación del caso ha sido apelada, y el proceso continúa.
Argumentos de la Demanda
La demanda se centra en el registro del FBI en Mar-a-Lago, calificándolo de "conducta tortuosa de Estados Unidos contra el presidente Trump". Trump y su equipo legal argumentan que el registro fue llevado a cabo sin seguir los protocolos adecuados, como obtener el consentimiento del objetivo de la investigación o notificar a sus abogados. Además, sostienen que las decisiones tomadas por el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Christopher Wray fueron arbitrarias y no se basaron en políticas sociales, económicas o políticas, sino en un "claro incumplimiento de los principios constitucionales".
Consecuencias Legales
Tras el registro en Mar-a-Lago, el fiscal especial Jack Smith presentó 37 cargos criminales contra Trump, relacionados con el manejo de materiales clasificados después de dejar la Casa Blanca. Entre los cargos figuran la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas. Trump se ha declarado "no culpable" de todos los cargos.
El Departamento de Justicia tiene 180 días a partir de la recepción de la demanda para responder y llegar a una resolución. Mientras tanto, Trump ha argumentado que su demanda no solo busca defender sus propios derechos, sino también los de todos los estadounidenses que creen en el Estado de Derecho y exigen que el gobierno rinda cuentas por sus acciones.
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