El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes de recibir el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José. (AP Foto/José Díaz)La reforma suprime el artículo 210 de la Constitución, que establecía el financiamiento público a los partidos políticos con el fin de promover su libertad e independencia. Este artículo era un componente clave en la Ley de Partidos Políticos, que calculaba los recursos públicos con base en los votos obtenidos por los partidos y la inflación, con un monto establecido por el Ministerio de Hacienda.
Bukele había solicitado recientemente a los diputados eliminar este financiamiento, argumentando que los partidos pueden financiarse como lo hicieron en 2019, cuando su propio movimiento, Nuevas Ideas, logró hacerse con la presidencia sin dependiente de fondos públicos. Además, arremetió contra la dirección del partido opositor Arena, que había solicitado mantener el financiamiento público en su comunicación oficial.
La decisión ha generado controversia en sectores de la sociedad civil. Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, advirtió que la eliminación del financiamiento público consolidará un sistema de partido dominante, limitando la pluralidad política y afectando la capacidad de los partidos más pequeños para competir electoralmente. También señaló que la medida dejaría a los partidos a merced de financistas privados, lo que podría influir en las políticas de estos partidos una vez en el poder.
Por otro lado, la abogada y analista Bessy Ríos calificó la decisión de "populismo crudo", señalando que carece de un sistema institucional que regule el financiamiento de los partidos.
En paralelo, el Congreso aprobó una reforma que permite que los menores de edad condenados por delitos graves relacionados con el crimen organizado cumplan sus penas en las mismas cárceles que los adultos, aunque en áreas separadas. Esta medida se aplica a menores vinculados a pandillas y procesados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas.
El gobierno también anunció reformas a la Ley de Crimen Organizado, que limitan el acceso a beneficios de libertad condicional para los condenados por delitos graves.
La reforma constitucional, aunque controvertida, representa un paso significativo en la agenda de Bukele de consolidar un sistema político que depende menos de los recursos públicos y más de los actores privados. Sin embargo, su impacto en la democracia y en el pluralismo político aún está por verse.
Para más información y actualizaciones sobre esta y otras noticias, mantente en sintonía con www.laspalomastv.com