🗣️ Resumen de la declaración
El presidente Luis Abinader aclaró que el controvertido proyecto de ley sobre la libertad de expresión y medios digitales no es una propuesta de su gobierno, a pesar de que fue depositado por el Poder Ejecutivo ante el Senado.
“Quien les habla no ha puesto ni una coma en ese proyecto”, dijo Abinader durante La Semanal del 7 de mayo, marcando distancia del contenido del proyecto legislativo.
📜 ¿De qué trata el proyecto?
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Modifica la Ley 61-32 sobre expresión y difusión del pensamiento.
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Busca regular la libertad de expresión en prensa, radio, televisión, redes sociales y espectáculos públicos.
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Propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como órgano regulador.
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Incluye elementos para proteger tanto el derecho a la información como el ejercicio periodístico.
🔥 Controversia pública
La propuesta ha encendido un amplio debate nacional, especialmente por:
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Temor a censura o control de redes sociales.
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Preocupación sobre cómo se definirá y sancionará el “uso indebido” de plataformas digitales.
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Críticas por la posible criminalización de opiniones en medios digitales.
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Reacciones de periodistas, juristas, y organizaciones defensoras de derechos civiles, que piden mayor transparencia y consulta real a la sociedad civil.
🔄 Responsabilidad compartida o evasión política?
Aunque Abinader dice que el proyecto fue producto de “consensos entre sectores”, muchos se preguntan:
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¿Por qué lo depositó entonces el Ejecutivo?
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¿Qué actores participaron realmente en ese “consenso”?
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¿Es este un intento de ceder responsabilidad política ante una propuesta polémica?
📌 Posición del Congreso
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró estar abierto a escuchar a los sectores que no fueron consultados, lo que reconoce implícitamente fallas en el proceso participativo.
🧠 Reflexión final
Regular la libertad de expresión siempre es una tarea delicada. Un proyecto de esta naturaleza debe nacer del diálogo amplio, transparente y plural. No basta con deslindarse políticamente si desde el Poder Ejecutivo se promueve su tramitación. En tiempos donde la libertad digital y el acceso a la información son pilares de la democracia, cualquier intento de regulación debe ser revisado con lupa crítica y participación ciudadana.
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