⚖️ Contexto de la medida
Como parte de su política migratoria, el presidente Luis Abinader estableció que los hospitales públicos deben cobrar tarifas a los extranjeros por los insumos médicos utilizados, aunque los honorarios médicos sigan exentos de pago. Esta disposición busca regular el acceso de indocumentados haitianos al sistema de salud pública dominicano, particularmente en áreas sensibles como maternidad, pediatría y geriatría, sectores en los que se ha registrado alta demanda.
El protocolo exige:
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Identificación
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Carta de trabajo
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Prueba de domicilio
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Acuerdo de tarifas por insumos
🏥 Realidad en el Hospital de Engombe
Sin embargo, el Hospital Municipal de Engombe, en Santo Domingo Oeste, no ha comenzado a aplicar este cobro, según constató el Listín Diario en una visita reciente.
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A pesar del despliegue de agentes migratorios en el lugar, los ciudadanos haitianos continúan recibiendo atenciones sin pagar ni presentar los documentos requeridos.
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Manuela Alicien, una haitiana con estatus legal, indicó que ni ella ni sus familiares han tenido que pagar por ningún insumo, y expresó preocupación por el trato a mujeres haitianas que son deportadas luego de dar a luz.
🗣️ Voces del tema
“Yo no me siento mal con lo que están haciendo, pero me duele mucho cuando una mujer da a luz y la suben a la camiona”,– Manuela Alicien, haitiana residente legal
Otros usuarios del hospital, como un indocumentado que prefirió no identificarse, confirmaron que no se está exigiendo pago alguno, pese a las disposiciones oficiales.
🚨 Implicaciones y reflexiones
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Contradicción entre política y práctica: La implementación selectiva o inexistente de las medidas migratorias en hospitales debilita la credibilidad de las autoridades y genera tensiones sociales.
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Vacíos administrativos: ¿Quién supervisa realmente el cumplimiento de las disposiciones en centros de salud? La ausencia de fiscalización efectiva permite que continúe un uso sin regulación del sistema público por parte de extranjeros sin documentos.
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Tensión humanitaria vs. normativa: Aunque el protocolo busca controlar la migración irregular, la salud es un derecho humano básico, lo que coloca a los hospitales en un dilema ético ante parturientas, niños y personas vulnerables.
🧭 Conclusión
El caso del Hospital de Engombe expone la desconexión entre la política migratoria y su ejecución real en el terreno. Más allá del debate sobre los derechos de los migrantes, la falta de aplicación coherente y justa de las normas genera incertidumbre, tanto para los pacientes como para el personal médico y la ciudadanía. Si el gobierno busca regular el acceso de extranjeros a los servicios de salud, debe hacerlo de forma clara, respetuosa y equitativa, garantizando la dignidad humana y evitando arbitrariedades.
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